El domingo, 27 de marzo, el (Fredericksburg) Free Lance-Star publicó la siguiente columna de opinión de Michael Town, director ejecutivo de la Virginia League of Conservation Voters, y Debra Jacobson, una de nuestras miembros y reconocida experta en temas de energía. La pieza se centra en la necesidad de que el gobernador McAuliffe continúe impulsando una estrategia estatal de Plan de Energía Limpia y que vete un último ataque legislativo al CPP.
Columna: El gobernador tiene razón al impulsar el plan de acción climática de Virginia
Por Michael Town y Debra Jacobson
En las últimas semanas, el gobernador Terry McAuliffe se ha enfrentado a importantes desafíos para los esfuerzos de Virginia por avanzar en el Plan de Energía Limpia, tanto a través de ataques legislativos como de maniobras presupuestarias. El gobernador ya ha rechazado intentos de limitar su capacidad para tomar medidas climáticas y se espera que utilice su poder de veto para permitir que su administración continúe con el desarrollo de un plan estatal. Este curso de acción es necesario para beneficiar a los consumidores de Virginia y a la economía del estado, para combatir los serios riesgos del cambio climático y para asegurar que Virginia pueda trazar su propio rumbo en lugar de arriesgarse a la imposición de un plan federal.
Los desafíos a la acción estatal y federal se han acumulado recientemente. En febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos votó 5 a 4 a favor de congelar (o “suspender”, en terminología legal) la aplicación por parte de la Agencia de Protección Ambiental del CPP, el intento más significativo hasta la fecha para reducir la contaminación por carbono de las plantas de energía estadounidenses.
Posteriormente, el gobernador vetó el Proyecto de Ley del Senado 21, que buscaba impedir la implementación del CPP, por motivos constitucionales. Más recientemente, la Asamblea General aprobó una enmienda presupuestaria que impediría al Departamento de Calidad Ambiental de Virginia trabajar en un plan estatal mientras el aplazamiento esté vigente.
La suspensión de la regla de la EPA para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas existentes permanecerá en vigor hasta que el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. decida una demanda presentada por los oponentes de la regla. Si el lado perdedor apela a la Corte Suprema de los EE. UU., el proceso legal podría extenderse hasta 2017 o 2018. Sin embargo, la suspensión no impide que los estados continúen trabajando en planes de implementación estatal, y muchos gobernadores, incluido McAuliffe, han decidido sabiamente seguir adelante.
El gobernador McAuliffe tiene razón al vetar la enmienda presupuestaria desacertada y continuar los esfuerzos para desarrollar el plan de Virginia, por tres razones principales.
Primero, dicha medida beneficiará a los consumidores de Virginia y a la economía del estado. Las compañías de servicios públicos del estado apenas han comenzado a implementar medidas de eficiencia energética rentables. De hecho, un Reporte de Eficiencia Energética Estatal de 2014 emitido por ACEEE, un grupo nacional de eficiencia energética, clasificó a Virginia entre los cuatro estados del país con el menor desarrollo en sus programas de eficiencia energética de servicios públicos. Sin embargo, innumerables informes han demostrado que la eficiencia energética es el enfoque más económico para satisfacer las necesidades de electricidad.
Virginia también ha estado perdiendo la carrera contra otros estados por empleos de energía limpia debido a sus débiles políticas de energía limpia. El liderazgo estatal puede ayudar a abordar esta seria debilidad.
En segundo lugar, las acciones estatales para reducir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas son necesarias para combatir el cambio climático. Las emisiones de las centrales eléctricas afectan negativamente a la salud pública, causando miles de muertes prematuras, ataques cardíacos y ataques de asma.
Además, estas emisiones contribuyen al aumento del nivel del mar que causa inundaciones en ciudades como Norfolk y amenaza nuestra costa. Las emisiones de CO2 también aumentan la probabilidad de eventos climáticos extremos que afectan a nuestro estado.
En tercer lugar, Virginia debería trazar su propia estrategia de energía limpia. Incluso si la regla CPP de 2015 de la EPA es anulada por los tribunales, es probable que los esfuerzos federales para limitar las emisiones de CO2 del sector eléctrico continúen debido a una serie de casos de la Corte Suprema que respaldan la autoridad de la EPA para regular estas emisiones. Si Virginia no desarrolla su propio plan, corre el riesgo de que se le imponga un plan federal que responda menos a los intereses del estado.
A pesar de que la prórroga significa que el plazo original de septiembre para que los estados presenten planes preliminares ya no aplica, la fecha de inicio de 2022 para que las compañías eléctricas comiencen a cumplir los objetivos de reducción de CO2 podría permanecer sin cambios si se confirma la regla de la EPA. A la luz del prolongado proceso de elaboración de normas de Virginia, los intereses afectados se benefician mejor al permitir que sus comentarios sean considerados por el DEQ, razón por la cual tanto las compañías eléctricas de Virginia como los grupos conservacionistas apoyan el desarrollo de un plan estatal. La continuación del proceso también envía un mensaje importante a las empresas de energía limpia que consideran traer empleos a Virginia de que somos líderes en asuntos de energía limpia.
El gobernador McAuliffe ha demostrado un fuerte liderazgo. Actuó en interés público el 1 de marzo cuando vetó el Proyecto de Ley del Senado 21. Ahora debería hacer lo mismo con la enmienda presupuestaria miope. Simplemente no podemos darnos el lujo de retrasar este importante trabajo.
Debra Jacobson ha trabajado en derecho y política energética y ambiental durante casi 40 años, incluyendo puestos en el personal de la Cámara de Representantes de EE. UU. y el Departamento de Energía. Michael Town es director ejecutivo de la Virginia League of Conservation Voters, con sede en Richmond.