RICHMOND – Hoy, varios medios de comunicación informaron la intención de la Agencia de Protección Ambiental de Trump de avanzar en la derogación formal del Plan de Energía Limpia y reemplazarlo con una regla más débil que favorece los intereses de los combustibles fósiles.
Lanzado en su forma final en 2015, el Plan de Energía Limpia (CPP, por sus siglas en inglés) fue el primer paso de nuestra nación para reducir las emisiones de carbono de las centrales eléctricas con el objetivo de una reducción del 32 % para 2030 respecto a los niveles de 2005. Virginia se encontraba entre los estados que defendían el CPP en un desafío legal liderado por el ahora administrador de la EPA, Scott Pruitt, quien en el momento del desafío era el Fiscal General de Oklahoma.
“Lamentablemente, las noticias de hoy no son sorprendentes, sino que demuestran aún más hasta dónde llegará la EPA de Trump para favorecer a la industria en detrimento de la salud de las familias estadounidenses. Congelar la implementación del Plan de Energía Limpia no fue suficiente: necesitaban redactar una nueva regulación especialmente para los contaminadores”, dijo Michael Town, Director Ejecutivo de la Virginia League of Conservation Voters. Afortunadamente, estados como Virginia han visto la tendencia, por eso decidimos actuar por nuestra cuenta para reducir la contaminación de carbono dañina. El continuo ataque al aire limpio que viene de Washington solo hace que nuestro trabajo para abordar el cambio climático y construir una economía de energía limpia aquí en la Mancomunidad sea más crítico, y no vamos a ceder.“
En una directiva ejecutiva emitida en mayo, el gobernador Terry McAuliffe instruyó a su Departamento de Calidad Ambiental a elaborar un borrador de regulación que reduzca la contaminación por carbono de las plantas de energía y permita a Virginia comercializar permisos de carbono con otros estados. El DEQ tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2017 para presentar su borrador de regulación a la Junta de Control de la Contaminación del Aire del Estado para su acción y consideración.